Quizás la situación en Centroamérica es más aguda que en las demás subregiones o quizás es el resultado de que es la única subregión que tiene esta información disponible, gracias al trabajo nacional y regional de , PASCA y ONUSIDA.

Como ejemplo se presentaron los datos MoT de Guatemala, con un análisis de los porcentajes y distribución de la epidemia, seguido por los recursos invertidos en las poblaciones. Los hallazgos son preocupantes: más del 96% de los recursos financieros se destinan a tratamiento (72%) y en población general (24%), en una epidemia en la cual más de la mitad de los casos de transmisión suceden en una relación sexual entre varones. En el año 2010, en este país se invirtió un 1% de los recursos en poblaciones clave, aún cuando se había identificado un 9% en el Plan Estratégico. Ni lo planeado ni la realidad son justificables.

Lucía Merino de USAID/PASCA presentó información sobre un análisis del gasto de los programas de VIH en Centroamérica en poblaciones en mayor riesgo. El primer dato es un incremento de un 46% a un 63% de la inversión nacional en la respuesta entre 2008 y 2010. Lo preocupante se observa en la figura 3, donde solo el 6% de la inversión económica en 2010 estuvo dirigida a hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas trans y trabajadoras sexuales. Y un 37% de la inversión no tendría retorno: en otras palabras, se ubica en intervenciones y públicos-meta que no contienen la epidemia. Los porcentajes generales de inversión en el mismo periodo son alarmantes, y varían en poco más del 3% en Nicaragua, llegando a 0,7% en El Salvador. Entre el 100 y el 80% de la inversión en estas poblaciones proviene de fuentes externas, como el Fondo Mundial o USAID, es decir que si estos programas terminaran, no existe un contexto para que los gobiernos nacionales asuman la responsabilidad de esta respuesta.

Pero los datos son alarmantes. Venimos invirtiendo en una respuesta equivocada, en intervenciones y poblaciones que no tienen ningún impacto en la epidemia. Y esto no es el resultado de un error o de la ignorancia; es el resultado del y la encarnados en las políticas nacionales que incluyen las decisiones presupuestarias. La prueba de esto es que casi la totalidad de la inversión en las poblaciones en mayor riesgo en esta parte del mundo es externa. Son más de tres décadas de decisiones erradas o mal intencionadas, con decenas de miles de personas infectadas, mal atendidas en los servicios de salud y otras tantas que han perdido la vida.

Si solo el 6% de la inversión general en 2010 fue para las poblaciones en mayor riesgo, urge determinar el porcentaje de inversión por parte de las subvenciones del Fondo Mundial en estos países. Una serie de gobiernos puede haber ignorado o consentido esto, pero no es aceptable que lo sigan haciendo con recursos del Fondo.

Si algo puede cambiar para mejor, será como resultado de generar cambios profundos en dos frentes: 1) la reducción del estigma y la discriminación (incluyendo la revisión de las leyes y la eliminación de la impunidad), y 2) el compromiso político y financiero sostenido de los gobiernos con políticas y programas para estas poblaciones.

Para que estos cambios sucedan se requiere una presión sostenida por parte de una sociedad civil fortalecida, agencias técnicas internacionales que continúen proveyendo evidencias y donantes bilaterales o multilaterales con tolerancia cero hacia estas digresiones en la inversión.

Cuando muchos gobiernos accedieron a participar en ejercicios de cuentas nacionales quizás no calcularon que en algún momento los datos estarían a disposición para ser cruzados y analizados, desnudando la realidad. Ya hemos caracterizado en detalle y en exceso la situación, conocemos nuestra epidemia actual y podemos predecir hacia dónde va, sabemos cuánto gastamos y en dónde. Ahora es momento de accionar para corregir el rumbo, revertir el daño o fracasar.

Fuente: Corresponsales Clave

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